Escrito por Claudio Diz
Cuando los mandatarios populistas y neoliberales de nuestro continente hablan de “integración”, siempre asocian esta palabra con el concepto de comercio y vías de comunicación; jamás mencionan los otros dos conceptos necesarios de integración: la integración social y cultural
“Estamos convencidos que las hidrovías, carreteras, aeropuertos y acceso a los puertos es una integración de nuestros pueblos y complementariedad del comercio”, remarcó Evo Morales, pero … ¿será cierta esa afirmación que es una integración entre los pueblos?
Primero debemos observar que cuando los mandatarios populistas y neoliberales de nuestro continente hablan de integración, siempre asocian este concepto con el comercio y las vías de comunicación; jamás mencionan los otros dos conceptos de integración: la integración cultural y la integración social, que son las dos premisas necesarias para que la integración no sea parcial o incompleta entre pueblos y regiones. Para que ésta sea integral deben contemplarse también los derechos de los pueblos, su cultura y el respeto por el cuidado del medio ambiente donde habitan.
EL IRRSA EN BOLIVIA
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IIRSA se le denomina a la iniciativa para la “Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana” [1]. Es una extensa red de carreteras y vías de comunicación diseñados con el fin de que todo el continente sudamericano de norte a sur y de este a oeste quede conectado; donde se unen ríos y cuencas atravesando áreas protegidas o de reserva de biosfera, áreas donde viven comunidades indígenas en forma natural o de reserva (reservas indígenas protegidas por ley), etc., para poder extraer, explotar, transportar y exportar de una punta a la otra de ¿nuestra? América, las riquezas que significan los bienes naturales que existen en el continente en abundancia.
Los bienes naturales siempre estuvieron, los capitales extranjeros y la tecnología ya están, los gobiernos populistas serviles ya hicieron las leyes para el despojo, sólo faltaba construir la infraestructura continental para que sea posible drenar toda esa riqueza hacia las metrópolis industrializadas y los mercados asiáticos emergentes, y en ese arduo trabajo se encuentran los gobiernos firmantes del tratado, entre ellos los gobiernos populistas de Bolivia y Uruguay
Los bienes naturales siempre estuvieron, los capitales extranjeros y la tecnología ya están, los gobiernos populistas serviles ya hicieron las leyes para el despojo, sólo faltaba construir la infraestructura continental para que sea posible drenar toda esa riqueza hacia las metrópolis industrializadas y los mercados asiáticos emergentes, y en ese arduo trabajo se encuentran los gobiernos firmantes del tratado, entre ellos los gobiernos populistas de Bolivia y Uruguay
EL CONFLICTO
EN EL TIPNIS
LEY SOBRE MINERÍA
EN BOLIVIA Y URUGUAY
En Bolivia, diferentes pronunciamientos expresan el descontento de las organizaciones sociales frente a la Ley de Minería (Nº 535) denunciando las consecuencias por la aprobación de esta ley no consensuda. En abril de 2014, alrededor de treinta organizaciones sociales y civiles acordaron exigir al gobierno la paralización de tratamiento del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, en tanto la misma no sea consensuada y socializada con todo el pueblo boliviano en su conjunto. Así mismo, se declaró la urgencia del tratamiento y aprobación previos de las leyes de consulta y agua con todos los sectores sociales del país en un voto resolutivo emitido en el marco del evento “Mesa de diálogo: Efectos y alcances del proyecto de ley de Minería y Metalurgia”.
LA LEY MINERA BOLIVIANA VULNERA DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES
Al igual que en Uruguay con la Ley de Minería de Gran Porte o también llamada Ley Aratirí y bajo régimenes de gobiernos populistas se promulgan leyes mineras que chocan contra los derechos civiles de las comunidades afectadas y contra el derecho al cuidado del medio ambiente.
RESOLUCIÓN CUMBRE SOCIAL SOBRE LA LEY MINERA EN BOLIVIA
CONSIDERACIONES
La Ley Nº 535 Minera y Metalurgia ha sido elaborado solo por los actores mineros y aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional sin considerar la participación del resto de la sociedad civil – los pueblos indígenas y poblaciones de tierras bajas en particular- a pesar que los minerales son de dominio originario del pueblo boliviano en su conjunto y que los impactos de la minería alcanza principalmente a los pueblos indígenas y originarios.
La Ley Nº 535 Minera y Metalurgia antepone derechos preconstituidos y derechos preferentes para los mineros por sobre los derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas y de todo el pueblo boliviano, centros poblados, ríos lagunas, vertientes, sistemas de riego de agua potable que son medios de vida y subsistencia de las comunidades, áreas protegidas, constituyendo territorios mineros ilegales con derecho no solo sobre minerales sino sobre suelo, agua, aire, bosques inviabilizando todo aquello que se requiere para la vida y subsistencia.
El nuevo régimen minero, dispone de manera arbitraria todo el territorio nacional para la actividad minería depredadora levantando las reservas fiscales y reduciéndolas a 5 años; eliminando por lo tanto cualquier posibilidad de diversificar y potenciar las vocaciones productivas económicas y culturales adecuadas a la pluralidad de los pueblos, naciones indígenas y pueblo boliviano en general.
En cuanto a la distribución de los recursos por la explotación de minerales, la Ley Nº 535 no cambia el régimen de regalías a pesar del incremento de precios de los minerales. Asimismo valida los contratos con transnacionales heredados del neoliberalismo entregando nuestras riquezas a cambio de migajas que ni siquiera sirven para reparar los daños que dejan a los pueblos, al territorio y al medio ambiente.
Consolida la política de expansión de la minería en tierras bajas de Bolivia y consolida la sobre posición de áreas mineras a territorios indígenas, parques naturales y áreas de alto valor natural, produciendo impactos, embargando la voz de las comunidades, los municipios y la población que sufre por los impactos. Profundiza las condiciones para que la minería continúe contaminando, degradando y destruyendo agua, suelos, ecosistemas; vulnerando como en el caso del agua el derecho a la vida.
Desconociendo lo ya avanzado en relación a los derechos colectivos, la Ley Nº 535 vulnera los principios de la consulta previa reconocidas por la Constitución Política del Estado y convenios internacionales de derechos de los pueblos indígenas dejando de ser previa, obligatoria, vinculante, informada de buena fe, desconociendo las normas y procedimientos propios de las comunidades. Además de ser atentatoria a otros derechos colectivos constitucionalmente reconocidos como el de la gestión territorial, ambiental y a autodeterminación.
En este sentido la Ley Minería y Metalurgia claramente atenta los derechos de los pueblos indígenas vulnerando la Constitución Política del Estado, la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT; así como los derechos colectivos, individuales y universales como el derecho al agua, a la salud y alimentación, y a gozar de un medio ambiente sano.
Por todo ello, RESOLVEMOS:
1. Las organizaciones sociales manifestamos nuestra firme voluntad de luchar por nuestros derechos, hacer respetar nuestros territorios garantizando la vida de las generaciones venideras en convivencia pacífica y de armonía con la naturaleza.
2. Para este propósito profundizaremos el proceso de difusión e información y llamamos a la sociedad civil de tierras bajas y tierras altas a aunar esfuerzos para esta resistencia.
3. Alertamos que otras normas (Ley de Hidrocarburos, Ley de consulta previa, Ley de tierras, Ley de bosques) siguen la misma línea de vulneración de los derechos de pueblos indígenas, originarios y del país en su conjunto.
4. Destacamos la importancia del agua como medio de vida y como derecho a la vida que se ven vulnerados con la contaminación minera que la Ley Minería y Metalurgia permitirá; en este sentido ratificamos la importancia de aprobar el Proyecto de Ley Marco de Agua.
5. Declaramos la inconstitucionalidad de la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia y exigimos su inmediata abrogación por ser atentatoria a los intereses del pueblo boliviano. Como organizaciones sociales iniciaremos los recursos legales necesarios para alcanzar este objetivo.
6. Autorizamos y respaldamos a la Coordinadora de Defensa de la Vida y los Recursos Naturales ante la Ley de Minería hacer las gestiones para hacer cumplir las presentes resoluciones.
7. Nos declaramos en estado de emergencia y permanente movilización a los pueblos indígenas, naciones originarias, campesinos, sistemas de riego y agua potable municipios y centros poblados, juntas vecinales, universitarios, colectivos y movimientos urbanos y sociedad civil en general para resistir en los territorios donde la minería está avanzando y vulnerando nuestros derechos especialmente el derecho al agua y para apoyar el proceso de resistencia a esta Ley.
8. Damos plazo de 30 días para su abrogación; caso contrario nos reservamos el derecho a las medidas de presión pertinentes.
Coordinadora de Defensa de la Vida y los Recursos Naturales ante la Ley de Minería
Confederación de pueblos indígenas de Bolivia – CIDOB
Central Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia – CNAMIB
Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío – CICOL
Central Originaria de Pueblos Nativos Guarayos – COPNAG
Organización Indígena Chiquitana – OICH
Asamblea del Pueblo Guaraní – APG
Comunidad Campesina los Reyes de Monte Verde
Central Indígena de Bajo Paragua – CIBAPA
CODAPMA
Central Indígena Provincia Ángel Sandoval – CIRPAS
Central Pueblos Étnicos Moxeños del Beni – CPEMB
Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia – CIRABO
Territorio Indígena Multiétnico II – TIM – II
CRTCC
CCSP
Capitanía Alto y Bajo Izozo – CABI
Comité de Gestión de la reserva de la vida Silvestre Tucabaca
Comité Cívico de Robore
Regantes de Norte Potosí
Regantes de Santa Cruz
Central Departamental de Trabajadores Asalariados del Campo de Santa Cruz – CDTAC
Urus
Movimiento Sin Tierra Santa Cruz - MST – SC
Bartolinas Sisa
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia – APDHB
Estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – UAGRM
Estudiantes de la UDABOL
Foro Vecinal Bloque Oriente
Coordinadora Nacional de Afectados por la Minería y Protección del Medio Ambiente de Bolivia – CONAMPROMA
Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Rio Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopo – CORIDUP
Coordinadora Departamental en Defensa del Medio Ambiente de Potosí – CODEMAP
Consejo de Ayllus y Marqas de Cochabamba – COAMAC
La Ley Nº 535 Minera y Metalurgia antepone derechos preconstituidos y derechos preferentes para los mineros por sobre los derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas y de todo el pueblo boliviano, centros poblados, ríos lagunas, vertientes, sistemas de riego de agua potable que son medios de vida y subsistencia de las comunidades, áreas protegidas, constituyendo territorios mineros ilegales con derecho no solo sobre minerales sino sobre suelo, agua, aire, bosques inviabilizando todo aquello que se requiere para la vida y subsistencia.
El nuevo régimen minero, dispone de manera arbitraria todo el territorio nacional para la actividad minería depredadora levantando las reservas fiscales y reduciéndolas a 5 años; eliminando por lo tanto cualquier posibilidad de diversificar y potenciar las vocaciones productivas económicas y culturales adecuadas a la pluralidad de los pueblos, naciones indígenas y pueblo boliviano en general.
En cuanto a la distribución de los recursos por la explotación de minerales, la Ley Nº 535 no cambia el régimen de regalías a pesar del incremento de precios de los minerales. Asimismo valida los contratos con transnacionales heredados del neoliberalismo entregando nuestras riquezas a cambio de migajas que ni siquiera sirven para reparar los daños que dejan a los pueblos, al territorio y al medio ambiente.
Consolida la política de expansión de la minería en tierras bajas de Bolivia y consolida la sobre posición de áreas mineras a territorios indígenas, parques naturales y áreas de alto valor natural, produciendo impactos, embargando la voz de las comunidades, los municipios y la población que sufre por los impactos. Profundiza las condiciones para que la minería continúe contaminando, degradando y destruyendo agua, suelos, ecosistemas; vulnerando como en el caso del agua el derecho a la vida.
Desconociendo lo ya avanzado en relación a los derechos colectivos, la Ley Nº 535 vulnera los principios de la consulta previa reconocidas por la Constitución Política del Estado y convenios internacionales de derechos de los pueblos indígenas dejando de ser previa, obligatoria, vinculante, informada de buena fe, desconociendo las normas y procedimientos propios de las comunidades. Además de ser atentatoria a otros derechos colectivos constitucionalmente reconocidos como el de la gestión territorial, ambiental y a autodeterminación.
En este sentido la Ley Minería y Metalurgia claramente atenta los derechos de los pueblos indígenas vulnerando la Constitución Política del Estado, la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT; así como los derechos colectivos, individuales y universales como el derecho al agua, a la salud y alimentación, y a gozar de un medio ambiente sano.
Por todo ello, RESOLVEMOS:
1. Las organizaciones sociales manifestamos nuestra firme voluntad de luchar por nuestros derechos, hacer respetar nuestros territorios garantizando la vida de las generaciones venideras en convivencia pacífica y de armonía con la naturaleza.
2. Para este propósito profundizaremos el proceso de difusión e información y llamamos a la sociedad civil de tierras bajas y tierras altas a aunar esfuerzos para esta resistencia.
3. Alertamos que otras normas (Ley de Hidrocarburos, Ley de consulta previa, Ley de tierras, Ley de bosques) siguen la misma línea de vulneración de los derechos de pueblos indígenas, originarios y del país en su conjunto.
4. Destacamos la importancia del agua como medio de vida y como derecho a la vida que se ven vulnerados con la contaminación minera que la Ley Minería y Metalurgia permitirá; en este sentido ratificamos la importancia de aprobar el Proyecto de Ley Marco de Agua.
5. Declaramos la inconstitucionalidad de la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia y exigimos su inmediata abrogación por ser atentatoria a los intereses del pueblo boliviano. Como organizaciones sociales iniciaremos los recursos legales necesarios para alcanzar este objetivo.
6. Autorizamos y respaldamos a la Coordinadora de Defensa de la Vida y los Recursos Naturales ante la Ley de Minería hacer las gestiones para hacer cumplir las presentes resoluciones.
7. Nos declaramos en estado de emergencia y permanente movilización a los pueblos indígenas, naciones originarias, campesinos, sistemas de riego y agua potable municipios y centros poblados, juntas vecinales, universitarios, colectivos y movimientos urbanos y sociedad civil en general para resistir en los territorios donde la minería está avanzando y vulnerando nuestros derechos especialmente el derecho al agua y para apoyar el proceso de resistencia a esta Ley.
8. Damos plazo de 30 días para su abrogación; caso contrario nos reservamos el derecho a las medidas de presión pertinentes.
Coordinadora de Defensa de la Vida y los Recursos Naturales ante la Ley de Minería
Confederación de pueblos indígenas de Bolivia – CIDOB
Central Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia – CNAMIB
Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío – CICOL
Central Originaria de Pueblos Nativos Guarayos – COPNAG
Organización Indígena Chiquitana – OICH
Asamblea del Pueblo Guaraní – APG
Comunidad Campesina los Reyes de Monte Verde
Central Indígena de Bajo Paragua – CIBAPA
CODAPMA
Central Indígena Provincia Ángel Sandoval – CIRPAS
Central Pueblos Étnicos Moxeños del Beni – CPEMB
Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia – CIRABO
Territorio Indígena Multiétnico II – TIM – II
CRTCC
CCSP
Capitanía Alto y Bajo Izozo – CABI
Comité de Gestión de la reserva de la vida Silvestre Tucabaca
Comité Cívico de Robore
Regantes de Norte Potosí
Regantes de Santa Cruz
Central Departamental de Trabajadores Asalariados del Campo de Santa Cruz – CDTAC
Urus
Movimiento Sin Tierra Santa Cruz - MST – SC
Bartolinas Sisa
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia – APDHB
Estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – UAGRM
Estudiantes de la UDABOL
Foro Vecinal Bloque Oriente
Coordinadora Nacional de Afectados por la Minería y Protección del Medio Ambiente de Bolivia – CONAMPROMA
Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Rio Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopo – CORIDUP
Coordinadora Departamental en Defensa del Medio Ambiente de Potosí – CODEMAP
Consejo de Ayllus y Marqas de Cochabamba – COAMAC
EL FRAUDE POPULISTA
Este fenómeno de depredación ambiental y de confrontación con la cultura y derechos civiles de los pueblos afectados, así como la transferencia de los bienes naturales propios hacia el exterior, se sucede en toda Latinoamérica; tanto con gobiernos neoliberales de derecha, como de la izquierda populista gobernante. Entonces se produce una contradicción de intereses que tanto el neoliberalismo de derecha, como el populismo desarrollista de izquierda no han podido resolver. Cabe a la sociedad organizada y a los nuevos partidos ecologistas y ambientalistas del nuevo tiempo, que tienen la herramienta de la Ecología Política para interpretar la realidad, ponerse a la vanguardia en las luchas populares para evitar el pillaje de nuestros bienes naturales y la consabida depredación ambiental que se agudiza bajo los planes del IIRSA y el COSIPLAN [4]. Un esquema de saqueo y agotamiento de las materias primas, idealizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y encabezado y liderado en América Latina por Brasil. Pero ese esquema de saqueo ya en curso que no ha resuelto el problema de la pobreza, tiene un precio: ya se percibe el daño ecológico en nuestros países. Graves sequías, crisis hídrica en el Sistema Cantareira que abastece a San Pablo (Brasil) por la deforestación del Amazonas, calores extremos, inundaciones frecuentes y nunca vistas en nuestros países, fríos con temperaturas extremas abajo de cero en Norteamérica. El antiguo glacial Chacaltaya que durante 18.000 años reinó en los Andes bolivianos se derritió totalmente. Chacaltaya, que lengua Aimara significa "Camino Frio" comenzó a derretirse en 1980 y hoy no existe más. Un precio ecológico bien alto y sin retorno para nuestros pueblos, ya que el tibio bienestar logrado en algunos países (incluido Uruguay) es fruto del endeudamiento externo. Los gobiernos populistas latinoamericanos emiten deuda en forma de bonos, para amortizar la deuda creada anteriormente. Una bola de nieve que crece sin cesar hasta que toque piso y explote dentro de algunos años. Ya para ese entonces quizás no tengamos agua para digerir los sinsabores y el mal ocasionado a las futuras generaciones.
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[1] - http://www.iirsa.org/
[2] - http://www.somossur.net/economia/no-a-la-carretera-por-el-tipnis/1273-chaparina-a-dos-anos-730-dias-de-impunidad.html
[3] - http://www.somossur.net/documentos/Valoracion_Medico_Forense_a_Marchistas_del_TIPNIS.pdf
[4] - http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=298639d9-0898-4105-8525-d111e5e5faaa&lang=es
[1] - http://www.iirsa.org/
[2] - http://www.somossur.net/economia/no-a-la-carretera-por-el-tipnis/1273-chaparina-a-dos-anos-730-dias-de-impunidad.html
[3] - http://www.somossur.net/documentos/Valoracion_Medico_Forense_a_Marchistas_del_TIPNIS.pdf
[4] - http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=298639d9-0898-4105-8525-d111e5e5faaa&lang=es
