domingo, 15 de marzo de 2015

UN PARAÍSO VERDE EN PARÍS DEL 2050



Escrito por Claudio Diz

La burguesía parisina sueña con una ciudad donde se pueda vivir y respirar (si es posible que al 2050 los efectos del Calentamiento Global aún hagan posible habitar el planeta)

En el mes de noviembre de 2014, la alcaldesa de París abrió un concurso público para que los más renombrados arquitectos presenten proyectos con la proyección de una ciudad para el futuro.

La burguesía, que un día dio a luz la Revolución Francesa e impuso una nueva era capitalista, ahora pretende dar una segunda revolución, pero esta vez a través de la arquitectura.

Para poder subsistir en un mundo cada vez más caótico, violento, y muy poco amigable con la calidad de vida y la salud de la población, la élite social parisina ya busca las respuestas; o al menos las respuestas en la parte habitacional.

La meta sería reducir en un 75% las emisiones de gases de efecto invernadero y tornar el aire respirable por métodos naturales mayormente; como es el proceso de fotosíntesis que cumplen los vegetales. En ese contexto de espíritu verde y ecológico se presenta el proyecto “Paris Smart City 2050” del arquitecto Vincent Callebaut.

Torres inteligentes con viviendas ecológicas, se mezclan con edificios que atrapan las partículas contaminantes y otros capaces de realizar la fotosíntesis son parte del proyecto.

ALGUNOS DISEÑOS


La torre AntiSmog. Su función es combatir la niebla (smog),  mezcla de humo con partículas sólidas en suspensión que existe en las grandes ciudades. El estudio promete que lo atraparán gracias a su su estructura de dióxido de titanio.


La Torre de Fotosíntesis. Montparnasse es un gigantesco rascacielos que muchos parisinos critican por su impacto en el centro de la ciudad. Sería substituido por un gigantesco jardín vertical capaz de realizar la fotosíntesis y producir biocombustible, según el estudio.


La granja en altura. El sueño de la huerta orgánica personal se vería concretizado en una edificación con forma de flora de bambú o de panal de abeja. Responden a un concepto de granjas en altura junto a viviendas que permitirían a sus habitantes emprender su propia producción agrícola.


Puentes que producen energía. Según el diseño, este puente futurista producirá energía eléctrica mediante unas turbinas de viento cuyas hélices se complementarán con unas turbinas hidroeléctricas que usarían la energía cinética del río Sena.

El autor de la iniciativa denuncia "falta de ambición política y de ideas sostenibles para el futuro de la urbe"

Un equipo de ingenieros acompaña a este arquitecto belga de 37 años que se queja de "una falta de ambición política y de la escasez de ideas sostenibles para el futuro". "París está condenada a ser una ciudad museo", lamenta Callebaut. Estos escollos le han llevado a impulsar la propuesta de “smart city” para la capital francesa.

El arquitecto imagina residencias particulares en elevación y más verdes, en un país que ya está padeciendo las consecuencias climáticas adversas por culpa de un modo de desarrollo industrial basado en los combustibles fósiles. La “ciudad verde” ideal, según Callebaut, no tendría en cuenta que existen diferencias sociales, como tampoco las tiene la vanguardia en arquitectura contemporánea nacional; donde los últimos adelantos en tecnología de eficiencia energética e innovación sólo son destinados a una pequeña parte de la población con alto poder adquisitivo. Por tal motivo y por no contemplar las necesidades de las poblaciones urbanas que no poseen las condiciones económicas para solventar ese confort, diría que el proyecto del arquitecto Callebaut es innovador pero no revolucionario. Un proyecto revolucionario implicaría la creación de soluciones ecológicas y sustentables para toda la comunidad en su conjunto y no para una élite social.


Muy lejos del 1er Mundo y del año 2050, en la periferia de Montevideo conviven asentamientos precarios en terrenos contaminados, junto a cañadas contaminadas por basura y materia fecal. ¿Qué solución ecológica y sustentable le darían nuestros arquitectos a ese problema? ¿Sería necesario un concurso de ideas promovido por la I.M.M en ese sentido, o alcanzaría con la propuesta política eco-ambientalista del nuevo Partido Verde?


Desde un punto de vista Verde y revolucionario es posible la creación de barrios ecológicos y auto-sustentables a bajo costo, pero se hace bastante difícil en un sistema de producción capitalista. Ello implica un cambio de normas jurídicas que no están contempladas en nuestra Constitución, y cualquier iniciativa en ese sentido quedaría trabada por la normativa vigente que privilegia la burocracia y la propiedad privada de la vivienda por sobre todas las cosas. 

Casilla de madera construida por "Un techo para mi país"

El santo mercado inmobiliario sigue y seguirá siendo un negocio. La necesidad habitacional de las clases menos adineradas no está siendo atendida de un modo integral. Un ejemplo claro son las iniciativas de ONGs de caridad, como "Un techo para mi país", que llevan a cabo la fabricación de casillas de madera en el propio asentamiento irregular, sin la mínima planificación urbana y sin ni siquiera la utilización de materiales clásicos de construcción.

Queda mucho por andar para la construcción del Uruguay 2050. Aún ni siquiera se han dado los primeros pasos en la dirección de planificar barrios verdes y poblados autosustentables o eco-aldeas, pero el hecho de haber sacado a la ecología de la biblioteca de la Universidad para ponerla en el tapete del debate político-partidario ya es un avance importante. Se han tocado temas como el uso y propiedad de la tierra, el uso y calidad del agua, la vivienda, la producción, el consumo, etc. Vamos haciendo camino y dejando la huella verde. Enhorabuena!

viernes, 27 de febrero de 2015

EVO MORALES, EL OTRO FRAUDE POPULISTA


Escrito por Claudio Diz

Cuando los mandatarios populistas y neoliberales de nuestro continente hablan de “integración”, siempre asocian esta palabra con el concepto de comercio y vías de comunicación; jamás mencionan los otros dos conceptos necesarios de integración: la integración social y cultural


Los presidentes de Bolivia y Uruguay participaron en una reunión en la Torre Ejecutiva en la que firmaron cinco acuerdos bilaterales. Entre los acuerdos está la salida al mar para Bolivia a través del proyectado Puerto de Aguas Profundas en el departamento de Rocha. Otros acuerdos firmados son sobre transporte, contra la discriminación racial, derechos humanos, tratamiento de agua potable y minería.

“Estamos convencidos que las hidrovías, carreteras, aeropuertos y acceso a los puertos es una integración de nuestros pueblos y complementariedad del comercio”, remarcó Evo Morales, pero … ¿será cierta esa afirmación que es una integración entre los pueblos?

Primero debemos observar que cuando los mandatarios populistas y neoliberales de nuestro continente hablan de integración, siempre asocian este concepto con el comercio y las vías de comunicación; jamás mencionan los otros dos conceptos de integración: la integración cultural y la integración social, que son las dos premisas necesarias para que la integración no sea parcial o incompleta entre pueblos y regiones. Para que ésta sea integral deben contemplarse también los derechos de los pueblos, su cultura y el respeto por el cuidado del medio ambiente donde habitan.

EL IRRSA EN BOLIVIA


IIRSA se le denomina a la iniciativa para la “Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana” [1]. Es una extensa red de carreteras y vías de comunicación diseñados con el fin de que todo el continente sudamericano de norte a sur y de este a oeste quede conectado; donde se unen ríos y cuencas atravesando áreas protegidas o de reserva de biosfera, áreas donde viven comunidades indígenas en forma natural o de reserva (reservas indígenas protegidas por ley), etc., para poder extraer, explotar, transportar y exportar de una punta a la otra de ¿nuestra? América, las riquezas que significan los bienes naturales que existen en el continente en abundancia.
Los bienes naturales siempre estuvieron, los capitales extranjeros y la tecnología ya están, los gobiernos populistas serviles ya hicieron las leyes para el despojo, sólo faltaba construir la infraestructura continental para que sea posible drenar toda esa riqueza hacia las metrópolis industrializadas y los mercados asiáticos emergentes, y en ese arduo trabajo se encuentran los gobiernos firmantes del tratado, entre ellos los gobiernos populistas de Bolivia y Uruguay

EL CONFLICTO EN EL TIPNIS




El 25 de septiembre de 2011 fueron reprimidos más de 1.600 indígenas en la localidad de Chaparina (Bolivia), en plena marcha hacia la ciudad de La Paz durante el segundo gobierno de Evo Morales. Estos iniciaron una marcha pidiendo diálogo con el presidente de la república en rechazo a la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que atravesaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS). Al 25 de setiembre del 2013, todavía continuaba la impunidad sobre la represión militar. Nunca se hizo justicia; sólo amedrentar, manipulación y mayor vulneración de los derechos indígenas y de organizaciones e instituciones solidarias. [2] Los heridos de la represión ordenada por el gobierno de Evo Morales constan en las actas médicas de la época. [3]


LEY SOBRE MINERÍA EN BOLIVIA Y URUGUAY


¿Qué tendrán en común la promulgación de nuevas leyes mineras en ambos países? Tienen en común el secretismo con el que fueron hechas, a espaldas del pueblo, y el favoritismo hacia los intereses foráneos o de empresas multinacionales.

En Bolivia, diferentes pronunciamientos expresan el descontento de las organizaciones sociales frente a la Ley de Minería (Nº 535) denunciando las consecuencias por la aprobación de esta ley no consensuda. En abril de 2014, alrededor de treinta organizaciones sociales y civiles acordaron exigir al gobierno la paralización de tratamiento del proyecto de Ley de Minería y Metalurgia, en tanto la misma no sea consensuada y socializada con todo el pueblo boliviano en su conjunto. Así mismo, se declaró la urgencia del tratamiento y aprobación previos de las leyes de consulta y agua con todos los sectores sociales del país en un voto resolutivo emitido en el marco del evento “Mesa de diálogo: Efectos y alcances del proyecto de ley de Minería y Metalurgia”. 

LA LEY MINERA BOLIVIANA VULNERA DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES

Al igual que en Uruguay con la Ley de Minería de Gran Porte o también llamada Ley Aratirí y bajo régimenes de gobiernos populistas se promulgan leyes mineras que chocan contra los derechos civiles de las comunidades afectadas y contra el derecho al cuidado del medio ambiente.



RESOLUCIÓN CUMBRE SOCIAL SOBRE LA LEY MINERA EN BOLIVIA

En fecha 5 y 6 de junio de 2014 en la ciudad de Santa Cruz las organizaciones abajo firmantes y ante ausencia de respuesta de gobierno a las resoluciones de la cumbre social de La Paz, nos reunimos para analizar y debatir y definir las acciones que se deben tomar como organizaciones sociales urbanas y rurales de Bolivia frente a la Ley Minera y Metalurgia Nº 535 recientemente aprobada y promulgada, llegando a las siguientes consideraciones.

CONSIDERACIONES
La Ley Nº 535 Minera y Metalurgia ha sido elaborado solo por los actores mineros y aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional sin considerar la participación del resto de la sociedad civil – los pueblos indígenas y poblaciones de tierras bajas en particular- a pesar que los minerales son de dominio originario del pueblo boliviano en su conjunto y que los impactos de la minería alcanza principalmente a los pueblos indígenas y originarios.

La Ley Nº 535 Minera y Metalurgia antepone derechos preconstituidos y derechos preferentes para los mineros por sobre los derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas y de todo el pueblo boliviano, centros poblados, ríos lagunas, vertientes, sistemas de riego de agua potable que son medios de vida y subsistencia de las comunidades, áreas protegidas, constituyendo territorios mineros ilegales con derecho no solo sobre minerales sino sobre suelo, agua, aire, bosques inviabilizando todo aquello que se requiere para la vida y subsistencia.

El nuevo régimen minero, dispone de manera arbitraria todo el territorio nacional para la actividad minería depredadora levantando las reservas fiscales y reduciéndolas a 5 años; eliminando por lo tanto cualquier posibilidad de diversificar y potenciar las vocaciones productivas económicas y culturales adecuadas a la pluralidad de los pueblos, naciones indígenas y pueblo boliviano en general.

En cuanto a la distribución de los recursos por la explotación de minerales, la Ley Nº 535 no cambia el régimen de regalías a pesar del incremento de precios de los minerales. Asimismo valida los contratos con transnacionales heredados del neoliberalismo entregando nuestras riquezas a cambio de migajas que ni siquiera sirven para reparar los daños que dejan a los pueblos, al territorio y al medio ambiente.

Consolida la política de expansión de la minería en tierras bajas de Bolivia y consolida la sobre posición de áreas mineras a territorios indígenas, parques naturales y áreas de alto valor natural, produciendo impactos, embargando la voz de las comunidades, los municipios y la población que sufre por los impactos. Profundiza las condiciones para que la minería continúe contaminando, degradando y destruyendo agua, suelos, ecosistemas; vulnerando como en el caso del agua el derecho a la vida.

Desconociendo lo ya avanzado en relación a los derechos colectivos, la Ley Nº 535 vulnera los principios de la consulta previa reconocidas por la Constitución Política del Estado y convenios internacionales de derechos de los pueblos indígenas dejando de ser previa, obligatoria, vinculante, informada de buena fe, desconociendo las normas y procedimientos propios de las comunidades. Además de ser atentatoria a otros derechos colectivos constitucionalmente reconocidos como el de la gestión territorial, ambiental y a autodeterminación.

En este sentido la Ley Minería y Metalurgia claramente atenta los derechos de los pueblos indígenas vulnerando la Constitución Política del Estado, la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT; así como los derechos colectivos, individuales y universales como el derecho al agua, a la salud y alimentación, y a gozar de un medio ambiente sano.

Por todo ello, RESOLVEMOS:

1. Las organizaciones sociales manifestamos nuestra firme voluntad de luchar por nuestros derechos, hacer respetar nuestros territorios garantizando la vida de las generaciones venideras en convivencia pacífica y de armonía con la naturaleza.

2. Para este propósito profundizaremos el proceso de difusión e información y llamamos a la sociedad civil de tierras bajas y tierras altas a aunar esfuerzos para esta resistencia.

3. Alertamos que otras normas (Ley de Hidrocarburos, Ley de consulta previa, Ley de tierras, Ley de bosques) siguen la misma línea de vulneración de los derechos de pueblos indígenas, originarios y del país en su conjunto.

4. Destacamos la importancia del agua como medio de vida y como derecho a la vida que se ven vulnerados con la contaminación minera que la Ley Minería y Metalurgia permitirá; en este sentido ratificamos la importancia de aprobar el Proyecto de Ley Marco de Agua.

5. Declaramos la inconstitucionalidad de la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia y exigimos su inmediata abrogación por ser atentatoria a los intereses del pueblo boliviano. Como organizaciones sociales iniciaremos los recursos legales necesarios para alcanzar este objetivo.

6. Autorizamos y respaldamos a la Coordinadora de Defensa de la Vida y los Recursos Naturales ante la Ley de Minería hacer las gestiones para hacer cumplir las presentes resoluciones.

7. Nos declaramos en estado de emergencia y permanente movilización a los pueblos indígenas, naciones originarias, campesinos, sistemas de riego y agua potable municipios y centros poblados, juntas vecinales, universitarios, colectivos y movimientos urbanos y sociedad civil en general para resistir en los territorios donde la minería está avanzando y vulnerando nuestros derechos especialmente el derecho al agua y para apoyar el proceso de resistencia a esta Ley.

8. Damos plazo de 30 días para su abrogación; caso contrario nos reservamos el derecho a las medidas de presión pertinentes.

Coordinadora de Defensa de la Vida y los Recursos Naturales ante la Ley de Minería
Confederación de pueblos indígenas de Bolivia – CIDOB
Central Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia – CNAMIB
Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío – CICOL
Central Originaria de Pueblos Nativos Guarayos – COPNAG
Organización Indígena Chiquitana – OICH
Asamblea del Pueblo Guaraní – APG
Comunidad Campesina los Reyes de Monte Verde
Central Indígena de Bajo Paragua – CIBAPA
CODAPMA
Central Indígena Provincia Ángel Sandoval – CIRPAS
Central Pueblos Étnicos Moxeños del Beni – CPEMB
Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia – CIRABO
Territorio Indígena Multiétnico II – TIM – II
CRTCC
CCSP
Capitanía Alto y Bajo Izozo – CABI
Comité de Gestión de la reserva de la vida Silvestre Tucabaca
Comité Cívico de Robore
Regantes de Norte Potosí
Regantes de Santa Cruz
Central Departamental de Trabajadores Asalariados del Campo de Santa Cruz – CDTAC
Urus
Movimiento Sin Tierra Santa Cruz - MST – SC
Bartolinas Sisa
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia – APDHB
Estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – UAGRM
Estudiantes de la UDABOL
Foro Vecinal Bloque Oriente
Coordinadora Nacional de Afectados por la Minería y Protección del Medio Ambiente de Bolivia – CONAMPROMA
Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Rio Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopo – CORIDUP
Coordinadora Departamental en Defensa del Medio Ambiente de Potosí – CODEMAP
Consejo de Ayllus y Marqas de Cochabamba – COAMAC

EL FRAUDE POPULISTA

Este fenómeno de depredación ambiental y de confrontación con la cultura y derechos civiles de los pueblos afectados, así como la transferencia de los bienes naturales propios hacia el exterior, se sucede en toda Latinoamérica; tanto con gobiernos neoliberales de derecha, como de la izquierda populista gobernante. Entonces se produce una contradicción de intereses que tanto el neoliberalismo de derecha, como el populismo desarrollista de izquierda no han podido resolver. Cabe a la sociedad organizada y a los nuevos partidos ecologistas y ambientalistas del nuevo tiempo, que tienen la herramienta de la Ecología Política para interpretar la realidad, ponerse a la vanguardia en las luchas populares para evitar el pillaje de nuestros bienes naturales y la consabida depredación ambiental que se agudiza bajo los planes del IIRSA y el COSIPLAN [4]. Un esquema de saqueo y agotamiento de las materias primas, idealizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y encabezado y liderado en América Latina por Brasil. Pero ese esquema de saqueo ya en curso que no ha resuelto el problema de la pobreza, tiene un precio: ya se percibe el daño ecológico en nuestros países. Graves sequías, crisis hídrica en el Sistema Cantareira que abastece a San Pablo (Brasil) por la deforestación del Amazonas, calores extremos, inundaciones frecuentes y nunca vistas en nuestros países, fríos con temperaturas extremas abajo de cero en Norteamérica. El antiguo glacial Chacaltaya que durante 18.000 años reinó en los Andes bolivianos se derritió totalmente. Chacaltaya, que lengua Aimara significa "Camino Frio" comenzó a derretirse en 1980 y hoy no existe más. Un precio ecológico bien alto y sin retorno para nuestros pueblos, ya que el tibio bienestar logrado en algunos países (incluido Uruguay) es fruto del endeudamiento externo. Los gobiernos populistas latinoamericanos emiten deuda en forma de bonos, para amortizar la deuda creada anteriormente. Una bola de nieve que crece sin cesar hasta que toque piso y explote dentro de algunos años. Ya para ese entonces quizás no tengamos agua para digerir los sinsabores y el mal ocasionado a las futuras generaciones.