Escrito por Claudio Diz
Activista y miembro fundador del Partido Verde de Uruguay
El modelo económico propuesto por el progresismo lleva a la extranjerización del país y a la exclusión social, lo que contribuye al fomento de la delincuencia.
Se dieron a conocer las cifras de personas privadas de libertad en Uruguay, son nada más ni nada menos que 11.597 presos, el índice más alto de la historia.
Según el fiscal de Corte Jorge Díaz, ocho de cada diez presos adultos no tienen sentencia de condena ejecutoriada. Con un índice de 341 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes somos el país con más presos por habitante de la región. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la policía más efectiva o que como sociedad hemos fallado rotundamente? En las sociedades modernas, incluso bajo regímenes capitalistas donde las condiciones socioeconómicas de la población son más equitativas, la delincuencia se reduce drástica mente.
El año pasado, cuando habían 10.000 presos, las cifras suministradas por el ministro Bonomi indicaban que cada preso le costaba al Estado la suma de US$ 850 por mes, lo que incluía la alimentación, el costo de mantenimiento del establecimiento carcelario y la vestimenta en algunos casos. Hoy, si esas cifra se mantuviera, el Estado estaría gastando 118 millones de dólares al año. Una cifra enorme para un país con escasos recursos económicos y además con poca población y envejecida.
EL DELINCUENTE NO NACE, SE HACE
El acto delictivo no se practica solamente en las capas más pobres de la sociedad, delincuentes hay desde los más encumbrados socialmente que roban millones de dólares, como es el reciente caso del Cambio Nelson, hasta los más pobres que realizan arrebatos para comprar drogas. Existen una serie de factores sociales, culturales y económicos que inducen a la persona a delinquir.
Los partidos políticos encargados de realizar las políticas económicas, sociales y educativas han fallado rotundamente. Existe una enorme improvisación para todo.
Los Verdes en Uruguay nunca hemos tenido la oportunidad de gobernar o participar en el Parlamento, sabemos que no es fácil, pero creemos firmemente que siempre será más barato y conveniente para todos, redistribuir la riqueza generada en el país y promover políticas inclusivas desde el punto de vista laboral, educativo y cultural, a tener que gastar millones de dólares en el mantenimiento del sistema carcelario. Pero obviamente, esas políticas inclusivas de poco valdrán si también no se cambia el modelo económico y productivo que nos lleva a la dependencia económica como país y a la exclusión social.
El año pasado, cuando habían 10.000 presos, las cifras suministradas por el ministro Bonomi indicaban que cada preso le costaba al Estado la suma de US$ 850 por mes, lo que incluía la alimentación, el costo de mantenimiento del establecimiento carcelario y la vestimenta en algunos casos. Hoy, si esas cifra se mantuviera, el Estado estaría gastando 118 millones de dólares al año. Una cifra enorme para un país con escasos recursos económicos y además con poca población y envejecida.
EL DELINCUENTE NO NACE, SE HACE
El acto delictivo no se practica solamente en las capas más pobres de la sociedad, delincuentes hay desde los más encumbrados socialmente que roban millones de dólares, como es el reciente caso del Cambio Nelson, hasta los más pobres que realizan arrebatos para comprar drogas. Existen una serie de factores sociales, culturales y económicos que inducen a la persona a delinquir.
Los partidos políticos encargados de realizar las políticas económicas, sociales y educativas han fallado rotundamente. Existe una enorme improvisación para todo.
Los Verdes en Uruguay nunca hemos tenido la oportunidad de gobernar o participar en el Parlamento, sabemos que no es fácil, pero creemos firmemente que siempre será más barato y conveniente para todos, redistribuir la riqueza generada en el país y promover políticas inclusivas desde el punto de vista laboral, educativo y cultural, a tener que gastar millones de dólares en el mantenimiento del sistema carcelario. Pero obviamente, esas políticas inclusivas de poco valdrán si también no se cambia el modelo económico y productivo que nos lleva a la dependencia económica como país y a la exclusión social.
Las condiciones objetivas para que continúe la delincuencia y siga profundizándose están dadas. No ha habido un cambio positivo desde la llegada del progresismo al gobierno en el año 2005 cuando la cantidad de presos rondaba los 8.000, ya que el modelo productivo dependiente se ha profundizado y ahora las cadenas productivas en su mayoría pertenecen a capitales extranjeros. Cuando esos capitales deciden irse del país, como es el caso de Fanapel y otros, se produce un problema social difícil de resolver a corto y mediano plazo. No queremos decir con esto, que los desempleados de las industrias que cierran vayan a delinquir, queremos decir que el modelo propuesto por el frenteamplista de fomento a la inversión extranjera directa no es el conveniente para un pequeño país como el nuestro. Pudo haber sido necesario ese tipo de políticas cuando se venía saliendo de una crisis económica en el 2002, pero no ahora. Debemos transitar el camino de fomento de la economía social, cooperativa y solidaria basada en el respeto por el medio ambiente, lugar físico donde se realizarían los nuevos emprendimientos. Junto a un cambio del paradigma productivo es necesario un nuevo modelo educativo y aportar fuertemente al factor cultural, para contrarestar la falta de valores cuando todos los diques de contención social han fallado.
